Inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional

29-4-2020

En el día de hoy, ha sido publicada en el Boletín Oficial la resolución 38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que viene a establecer cuales son los requisitos formales que deberá contener una denuncia de enfermedad profesional por Covid-19 que días pasados fue considerada "presuntivamente" como enfermedad profesional no listada para los trabajadores esenciales (ver artículo DNU 297/2020) por DNU 367/2020 del PEN, lo que significa que en última instancia será la Comisión Médica jurisdiccional quien determine si la patología es o no de carácter profesional.

Para el caso, por esta resolución quedan determinados los elementos que deberán ser acompañados a la denuncia y que se requieren con el propósito de determinar si la patología fue contraída o no en ocasión de prestar servicios para los trabajadores de las actividades consideradas "esenciales". Se trata de: a) estudio diagnósitico realizado por la entidad sanitaria con resultado positivo COVID-19, b) descripción del puesto de trabajo, funciones y/o tareas habituales que han sido desarrolladas durante el período de aislamiento, c) certificado emitido por el empleador en los términos del Art 6° del DNU 297/2020 en el que consten los datos del empleador para su correcta individualización y los datos del trabajador.

Se prevé a su vez que, ante cualquier contingencia relativa a rechazo por parte de la ART de la denuncia, será la SRT quien dirimirá dentro de las 48 Hs. de presentado el reclamo por el trabajador, quien se expida sobre el carácter de la enfermedad.

En esta instancia, (denuncia y posterior asistencia médica) entendemos que no mediarán inconvenientes relativos a la falta de atención y/o cuuidado del trabajador, ya que a la fecha todos los casos positivos han sido atendidos conforme protocolos del Ministerio de Salud de la Nación en todos los casos, sea en el ámbito público o privado de la salud. 

Finalmente la resolución dispone un procedimiento para el caso del resarcimiento por ILT o fallecimiento del trabajador, que en todos los casos debe iniciarse con una presentación escrita realizada por el trabajador, apoderado o derechohabientes, con patrocinio letrado en el que decididamente deberá el peticionante justificar que la enfermedad ha sido contagiada en ocasión de prestar servicios, para lo cual deberá nuevamente explicar que tipos de tareas realizaba y aportar todos y cada uno de los elementos que pueda obtener para acreditar la causalidad, es decir, el contagio en ocasión de trabajo. La reglamentación no admite la posibilidad de que sea la propia ART quien inicie el trámite, incluso, en caso de fallecimiento.

En conclusión, vislumbramos gran cantidad de expedientes en los que se discutirá si la enfermedad es o no laboral, lo que define si la ART debe o no pagar una indemnización y/o asistir con algún tipo de tratamiento médico. Habrán actividades como la de los médicos terapistas y/o auxiliares de salud de Hospitales Públicos en los que se encuentren internados pacientes por Covid-19 que obtendrán menor resistencia por parte de las ART o de las comisiones médicas como consecuencia del claro y estrecho vínculo entre tareas del trabajdor y la enfermedad; aunque no correrán la misma suerte la mayoría de las actividades que presentan una relación de causalidad (conexión tarea-enfermedad) más difusa y exista duda razonable respecto si el contagio fue o no ocasionado en condición de trabajo, especialmente ante un brote exponencial de contagios en la sociedad.

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